jueves, 21 de noviembre de 2013

De la Justicia y sus componendas

Una fecha, 19 de noviembre de 2013. Recuerden bien el dato. Anteayer mismo. Es importante reseñarlo, porque un hecho como el que anteayer perpetraron los partidos políticos mayoritarios parece propio de otras épocas. El acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestra la idea de separación de poderes y el concepto de Justicia que tienen PSOE y PP. Los primeros, recién salidos de su conferencia política donde dijeron que querían cambiar muchas cosas, acercarse a los ciudadanos, etc., no han tardado ni una semana en demostrar que su "renovación" no era sino palabrería vacía. En la primera oportunidad que han tenido, han vuelto a demostrar lo que son, casta política. Por su parte el PP ha incumplido, una vez más, el programa con el que ganó las elecciones de 2011, donde se comprometía a permitir que los jueces eligiesen a sus representantes. Por no mencionar al resto de fuerzas políticas -con la excepción de UPyD- que han cumplido fielmente su papel de perrillos falderos y han recogido las migajas que los grandes canes les han dejado. Los nacionalistas han obrado en su línea normal. Poner el cazo es su especialidad, pero llama la atención que una IU que está subiendo en las encuestas por su oposición al bipartidismo, se halla metido en semejante entuerto. Allá ellos.

Es posible que Sus Señorías mencionen a Montesquieu en alguna de sus charlas, pero la idea de que los poderes no deben concentrarse en las mismas manos, no les importa lo más mínimo. Eso de tener un sistema  donde cada poder contrarresta y equilibra a los otros debe ser cosa de extranjeros, para España lo que sirve es la componenda y el descarado reparto del poder entre las siglas. Alguien debería explicarles que ganar elecciones supone servir al país cuatro años, y no exprimirlo en beneficio de intereses privados.

Este reparto supone un paso atrás en la lucha de los políticos contra la corrupción, en el caso de que esa lucha exista realmente, algo de lo que dudamos. Si los jueces responden a intereses políticos es imposible que solucionen problemas que implican a políticos corruptos. Las cosas ilógicas benefician a la casta bipartidista que más poder tiene en España. No es lógico que con una Justicia colapsada y padeciendo endémico déficit de medios, los delitos de corrupción prescriban a los cinco años. No es lógico que los políticos que son imputados (por no hablar de las infantas desimputadas), sean sistemáticamente excusados de culpa con los más variados e inverosímiles argumentos. Ahí están los casos de Fabra, Yolanda Barcina, Camps y Barberá, Pepiño Blanco, Matas, etc. Y cuando alguno, por casualidad, resulta condenado, se recurre al indulto gubernamental y asunto concluido.

La percepción general es que hoy por hoy y salvo honrosas excepciones, la Justicia presenta un funcionamiento bastante deficiente. En la cuestión clave de la corrupción, que es la que mide la seriedad de un país, en muchos casos nuestro sistema judicial forma parte más del problema que de la solución. 

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