Hacienda somos todos. Al menos, todos menos la Infanta y los que el sabio criterio de Montoro decida. Da la impresión que en las altas esferas se ha tocado a arrebato y han movilizado sus poderosos recursos con un único fin: exculpar a la Infanta de los abrumadores indicios que apuntan a su enriquecimiento ilicito, sin pasar por ningún tipo de juicio.
Según consta en el sumario del "caso Urdangarín", la Infanta Cristina ganó 571.000 euros con una inversión de 1.503 euros. Vamos, que más que pertenecer a una familia real parece formar parte de una familia divina. De otra forma no se explica tal multiplicación de beneficios.
El juez Castro, ya en la recta final de su instrucción, cuenta con indicios suficientes para imputar a Doña Cristina por sus negocios al margen de la legalidad. No le espera un camino fácil al juez que pretende ser justo. Tanto el Gobierno, que está manejando a su antojo y mancillando el nombre de un ente tan delicado como la Agencia Tributaria, como el fiscal general del Estado, que está haciendo un flaco favor a su reputación de hombre integro, tratan de evitar a toda costa que la Infanta se siente en el banquillo.
No cabe duda de que cualquier mujer que no se apellidase Borbón, en el mismo caso, estaría en una situación procesal muy diferente. En el "caso Urdangarín" no sólo se juega una parte importante del futuro de la Casa Real española, sino algo más importante, la credibilidad de la Justicia del Estado. Con una ciudadanía especialmente sensibilizada, el juicio permitirá comprobar si lo que dice la recientemente sacralizada Constitución sobre la igualdad de todos los españoles ante la ley, es verdad o mentira.
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