Esos extraños servidores públicos

Además de hacer correr ríos de tinta y dar un impulso impagable a las ideas republicanas que desde aquí defendemos, el caso Noos nos ha desvelado la realidad de algunas instituciones del poder judicial, que persisten en el abandono de sus funciones originales y se inventan otras para sostener no al Estado, sino el statu quo que favorece a la casta institucionalizada.

La principal función del Fiscal Anticorrupción es la de investigar en los procesos de especial trascendencia, los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, es decir, que en el caso que nos ocupa debería investigar a los altos cargos que regalaron dinero público a la empresa de Urdangarín y asociados. Pero el Fiscal Anticorrupción también asume la investigación de los delitos económicos "cometidos por grupos organizados". Entonces ¿Por qué se empecina el Sr. Horrach en defender a una importante componente de "grupo organizado" investigada además por delitos contra la Hacienda pública? ¿Por qué el Ministerio de Justicia permite el extraño espectáculo de un fiscal atacando a un juez y defendiendo a una imputada?

El fiscal general del Estado por su parte, como bien ha apuntado nada menos que el ¡Grupo de Estados Contra la Corrupción! del Consejo de Europa, debería ser y parecer independiente, además de defender al pueblo español (de quien emana la soberanía nacional, según la Constitución vigente), y no al gobierno de turno y sus intereses. Recordemos que el Fiscal General del Estado es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, por tanto están claros los amos a quienes debe rendir cuentas. Otra de las funciones de la Fiscalía es la "defensa del interés público", pero lo que vemos día tras día es que se confunde deliberadamente lo público con lo interesado para determinados poderes públicos, que no es lo mismo.

Ya en la cúspide jerárquica, el ministro de Justicia es el encargado de transmitir las órdenes del Gobierno a un Ministerio Fiscal teóricamente independiente. En el caso de la Infanta, la consigna del gobierno es que Doña Cristina se mantenga alejada del juzgado a cualquier precio. Por eso han tocado arrebato en los ministerios de Hacienda y Justicia. ¿Es eso servicio público? Más bien parece un servicio particular -pero pagado por todos- a un caballero en horas bajas, que dijo en un sonado discurso que la Justicia debía ser igual para todos los españoles.